Túnez: consenso de élites y retorno al pasado

cuartopoder2Sin alharacas, sin guerras civiles, sin golpes de Estado, sin atención de los medios, Túnez vuelve a sumergirse poco a poco en el antiguo régimen. Sería demagógico afirmar que la revolución del 14 de Enero no cambió nada o que se ha regresado, como en Egipto, a la dictadura, pero toda una constelación de síntomas apunta a un acuerdo, activo o pasivo, para poner fin a la revolución sin cambios revolucionarios y a la “transición democrática” sin demasiada democracia. La aprobación de la Constitución el pasado mes de enero cerró un conflicto político muy peligroso, pero cerró también paradójicamente el interés en aplicar los principios constitucionales paridos con tantas dificultades.

Un síntoma alarmante dio la alerta el pasado 12 de abril cuando el Tribunal Militar de Apelación confirmó la condena de Ben Alí, refugiado en Arabia Saudí, pero revisó las de sus esbirros en prisión. Condenados en primera instancia a penas oscilantes entre 10 y 37 años de cárcel como responsables de la represión de las jornadas revolucionarias de diciembre, enero y febrero de 2011, el tribunal ha recalificado los cargos como “homicidio involuntario” y ha impuesto a los acusados penas reducidísimas que, en la mayor parte de los casos, han cumplido ya. De esta manera Rafik Belhaji, exministro del interior; Alì Seriati, jefe de la Guardia Presidencial; Adel Tiouiri, exdirector general de la Seguridad Nacional; Rachid Abid, exdirector del cuerpo de Antidisturbios; Lofti Zouaoui, exdirector general de Seguridad Pública, y Jalel Boudriga, excomandante de los cuerpos especiales, quedan eximidos de toda responsabilidad en el asesinato de los 335 mártires de la revolución oficialmente reconocidos y en las lesiones de los 2.500 heridos, algunos de ellos encadenados a una sillas de ruedas o con secuelas irreversibles, que llevan tres años reclamando justicia.

Como escribe el analista Saif Soudani, el veredicto y la propia escena del proceso “vienen a barrer de un manotazo la superioridad de la justicia revolucionaria”, sustituida por una “justicia militar que tenía ese día un aire egipcio, sponsor de facto de la contrarrevolución”. Y como denuncia la periodista Patrizia Mancini, residente en Túnez y responsable de la página Tunisia-in-red, la sentencia reveló también “la soledad de las familias de las víctimas y de los heridos de la revolución”. Ausencia en la sala -dice Mancini- de los medios de comunicación occidentales, que dan por felizmente terminada la transición y corren a buscar sangre en otros escenarios más novelescos; y ausentes los partidos, concentrados en la Ley Electoral y en la preparación de los próximos comicios. Más allá de las declaraciones oficiales de rechazo a la sentencia o del cuestionamiento del carácter militar del tribunal, todas las fuerzas políticas, incluido el Frente Popular, parecen olvidar el papel “constituyente” -el realmente constituyente- de todos esas muertes heroicas que piden a gritos nuevas leyes, nuevos policías y nuevos jueces; y que parecen olvidar también la Ley de Justicia Transicional, aprobada a trompicones en diciembre de 2013 y cuya aplicación permitiría apartar o disolver los tribunales militares y constituir nuevos marcos jurídicos “de transición” capaces de ajustar cuentas con el pasado y anticipar un futuro más garantista y democrático.

Pendientes todos de las elecciones -cuya fecha sigue en la bruma-, Ennahda, fuerza mayoritaria en la Asamblea, prefiere mantener un perfil bajo, mientras que las fuerzas “laicas”, de derechas y de izquierdas, utilizan el affaire para mantener su implacable e irresponsable acoso al partido islamista, culpable eterno de todos los males incluso si ya no está en el gobierno. Como recordaba Choukri Hmed: “en el contexto revolucionario que vivimos, una sola institución es depositaria de la soberanía nacional: la Asamblea Nacional Constituyente. A los diputados compete la responsabilidad de pronunciar la nulidad de de los veredictos, de revocar a los jueces y de establecer instituciones y dispositivos judiciales en conformidad con la ley de Justicia Transicional”. Frente a las vacilaciones de la Asamblea, las familias de los mártires y los heridos de la revolución han comenzado una huelga de hambre mientras centenares de intelectuales, periodistas y ciudadanos han firmado y hacen circular un documento “en favor de la verdad y la justicia” en el que denuncian “una ofensiva general contra la revolución”.

Otro síntoma sombrío, paralelo e inverso, es el arresto y procesamiento en los últimos meses de decenas de jóvenes, algunos de ellos parientes de mártires o heridos ellos mismos durante la revolución y que son acusados ahora de diferentes delitos “contra la seguridad pública”: ataques a policías o centros policiales, formación de bandas, insultos a la autoridad o difamación. “Su único crimen”, escribe Henda Chennaoui, “es el de haber reivindicado justicia y dignidad con los mismos métodos que hasta hace no mucho tiempo se calificaban de `revolucionarios’”. Los habitantes de Regueb, Meknassi y Jelma han organizado un comité de apoyo a los detenidos mientras que un grupo de jóvenes ha lanzado una iniciativa en facebook bajo el reivindicativo título “También nosotros hemos quemado una comisaría”. Una vez más, los jóvenes son criminalizados, como bajo Ben Ali, con las leyes de Ben Ali, ante el silencio de los partidos y del sindicato UGTT, que han olvidado todos los agravios, políticos y económicos, que desencadenaron la revuelta popular contra la dictadura.

Entre tanto, el gobierno “tecnócrata”, “no-ideológico”, de Mehdi Jumaa, aprovecha el “consenso” impuesto desde el exterior, y aceptado casi sin resistencias por todas las fuerzas, para llegar a acuerdos económicos con la UE y el FMI, renovar concesiones a empresas extranjeras (salinas o petróleo) al margen de la constitución y anticipar “medidas de ajuste” que se podrían haber evitado con una auditoría y la negativa a pagar el servicio de una deuda que el propio Parlamento Europeo declaró hace dos años “ilegítima”. El retorno del turismo durante las vacaciones de Semana Santa no hace sino colorear -y a medio plazo agravar- una crisis que padecen los mismos que se jugaron la vida en 2011 para transformar el país. Los veredictos del 12 de abril, la rehabilitación mediática y política de figuras y empresarios del antiguo régimen, la corrupción que retoña, la represión que sigue, todo parece indicar que “un consenso de élites” a la española, basado en el principio de “mucha libertad económica y sólo la libertad política compatible con ella”, va poco a poco cerrando los márgenes aún abiertos para  operar una verdadera ruptura. La solución que se dé a las reclamaciones de las familias de los mártires de la revolución revelará si la nueva Constitución y la ley de Justicia Transicional se aprobaron para dar paso a un Túnez más justo y democrático o sólo para tener algo bueno y bonito que olvidar.

(*) Santiago Alba Rico. Filósofo y columnista. Su último libro publicado es ¿Podemos seguir siendo de izquierdas? (Panfleto en sí menor) (Pol-len Edicions, Barcelona, 2014).

Fuente: Cuarto Poder

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